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REPRESIÓN CONTRA EL
MOVIMIENTO OBRERO
La represión - Ley de Residencia 1902
Por Elena Luz González Bazán especial para Latitud Periódico
10 de julio del 2020. Actualizado el 10 de enero del 2022
En los últimos años del siglo pasado y principios de éste, a medida que crecían las demandas sociales se agudizaba la represión policial. En 1902, la huelga de los trabajadores del Puerto de Buenos Aires fue respondida con allanamientos a locales socialistas y la detención de varios de sus dirigentes. Dos años después, dos personas murieron como consecuencia de la acción de las fuerzas de seguridad durante una manifestación de la Federación Obrera Regional Argentina. La misma escena se repetiría ese año en una huelga realizada en Rosario. Durante esa época de efervescencia social, las autoridades abusaron de sus atribuciones. Una constante fue el establecimiento del estado de sitio. El enfrentamiento entre las clases sociales se agudizaba.
A partir de un pedido formulado por la Unión Industrial Argentina al Poder Ejecutivo Nacional en 1899, el senador Miguel Cané presentó ante el Congreso de la Nación un proyecto de expulsión de extranjeros. Finalmente, en 1902 se convirtió en la Ley 4144 conocida como Ley de Residencia.
Ese año, el Movimiento Huelguista se había extendido por todo el país. Todo comenzó con la medida de fuerza iniciada por los trabajadores del Mercado Central de Frutos que paralizó a las actividades portuarias. La respuesta oficial se tradujo en allanamientos a locales socialistas, la detención de muchos de sus integrantes, el secuestro de sus periódicos, y la prohibición de La Vanguardia, publicación oficial desde 1894, del Partido Socialista.
Dos años después, el 1º de mayo de 1904, dos personas murieron y veinticuatro resultaron heridas por la represión policial a una manifestación de la Federación Obrera Regional Argentina, de tendencia anarquista, mientras celebraba el Día del Trabajo. El hecho ocurrió en la actual avenida Leandro Alem entre Viamonte y Córdoba.
La violencia se expandía. En noviembre de ese año, la policía cayó sobre una huelga en Rosario. Allí murió una persona y hubo muchos heridos. En Buenos Aires, el gobierno del presidente Julio A. Roca, "enviaba personal de la Armada a sustituir a los huelguistas que, en demanda de mejores condiciones de trabajo, habían abandonado sus tareas en las usinas de electricidad". Según el historiador del socialismo argentino, el diputado Jacinto Oddone, esto era para favorecer los intereses de las empresas.
Su sucesor, el presidente Manuel Quintana, estableció el estado de sitio como respuesta a la Revolución Radical de 1905. No sólo los radicales, sino también el Movimiento Obrero y los militantes de izquierda en general, fueron reprimidos por la Policía. Además de los numerosos arrestos y allanamientos, se secuestraron los ejemplares de La Vanguardia, entre otros periódicos.
Una vez levantado el estado de sitio el 21 de mayo, varias organizaciones obreras -con la adhesión del Partido Socialista-, realizaron una manifestación desde Plaza Constitución hasta Plaza Lavalle. Repudiaban la represión que siguió a la Revolución de 1905. La acción policial, en esa oportunidad, provocó dos muertos y veinte heridos. El Gobierno decretó un nuevo estado de sitio, frente a la Huelga General de 1905, iniciada por los estibadores, marineros y foguistas del puerto de Buenos Aires.
En los actos del Día del Trabajo de 1909, una vez más, las fuerzas de seguridad reprimieron cruelmente a los trabajadores en la Plaza Congreso. En esa oportunidad murieron ocho obreros y cuarenta resultaron heridos. Muchos de ellos de gravedad. Este hecho dio lugar a la Huelga General de la Semana de Mayo que movilizó a 200.000 personas en la Capital Federal.
El clima social de represión y malestar provocó una acción del anarquista Simón Radowitzki, quien decidió hacer justicia por sí mismo. Arrojó una bomba contra el carruaje del Jefe de Policía, Ramón Falcón, provocando su muerte. El justiciero fue enviado a la prisión de Ushuaia donde permaneció hasta ser indultado en 1909.
Como consecuencia de estos acontecimientos, se decretó en todo el país un estado de sitio que duró dos meses. Durante ese tiempo se incendiaron periódicos anarquistas mientras se sucedían los allanamientos, detenciones y el destierro de los militantes de izquierda.
En 1910, mientras se preparaban los festejos del Centenario de la Revolución de Mayo, los anarquistas promovieron la Huelga General Revolucionaria. Su propósito: forzar al Gobierno a derogar la Ley de Residencia, liberar a los trabajadores detenidos y conceder la amnistía a los infractores de la Ley del Servicio Militar Obligatorio.
La respuesta de las autoridades nacionales no se demoró. Se declaró un nuevo estado de sitio por tiempo indeterminado. Fueron destruidas las instalaciones de La Vanguardia, el Centro Socialista Obrero y la Asociación Obrera de Socorros Mutuos.
A mediados de 1910, en el Teatro Colón, estalló una bomba en una butaca desocupada. En respuesta a dicho atentado, se sancionó la Ley 7029 de Defensa Nacional complementaria de la de Residencia.
A comienzos de siglo, la represión protagonizada por los gobiernos de Roca, Quintana y Figueroa Alcorta promovía un enfrentamiento clasista de grandes proporciones. A tal punto que preanunciaba las tragedias que en la Patagonia y en la Capital Federal, enlutaron al gobierno de Yrigoyen en los últimos años de su primera presidencia.
A pesar de su intento por mantener la armonía de clases y su actitud complaciente a las demandas del movimiento obrero, el presidente Yrigoyen no pudo evitar que el antagonismo de las fuerzas sociales estallara en la Semana Trágica de 1919 y en la terrorífica represión del comandante Varela en el sur del país.
Ley de Residencia
"El Senado y la Cámara de Diputados sanciona con fuerza de ley:
Artículo 1º: El Poder Ejecutivo podrá ordenar la salida del territorio de la Nación a todo extranjero que haya sido condenado o sea perseguido por los tribunales extranjeros por crímenes o delitos comunes.
Artículo 2º: El Poder Ejecutivo podrá ordenar la salida de todo extranjero cuya conducta comprometa la seguridad nacional o perturbe el orden público.
Artículo 3º: El Poder Ejecutivo podrá impedir la entrada al territorio de la república a todo extranjero cuyos antecedentes autoricen a incluirlo entre aquellos a que se refieren los artículos anteriores.
Artículo 4º: El extranjero contra quien se haya decretado la expulsión, tendrá tres días para salir del país, pudiendo el Poder Ejecutivo, como medida de seguridad pública, ordenar su detención hasta el momento del embarque.
Artículo 5º: Comuníquese al Poder Ejecutivo"
Fuentes: Jacinto Oddone Historia del Socialismo Argentino (1896-1911), otras fuentes y fuentes propias.
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